Si bien a Chile se le puede reconocer como un país con una fuerte tradición en minería a gran escala, en la actualidad sus ecosistemas presentan evidentes daños producto del ejercicio extractivista de la actividad minera (Informe País, Estado del Medio Ambiente en Chile 2018, Centro de Análisis de Políticas Públicas, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2019).

Aun cuando desde la ciencia ciertas tendencias apuntan a que la producción y exportación del hidrógeno verde reemplace a la industria minera como principal actividad económica del país, también es cierto que Chile se situó como el primer productor de cobre y el segundo de litio a nivel mundial en el año 2018, según el Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile (2019), y acreedor de las mayores reservas de ambos metales, la mayoría ubicada en la zona central del país (Comisión Nacional de Productividad, Informe Final Productividad en la Gran Minería del Cobre, 2017). Esto plantea un gran desafío, pues exige que dicha riqueza vaya en beneficio de todos los habitantes sin mermar nuestra riqueza ecológica, para lo cual se requiere un mayor desarrollo de la ciencia y un cambio en la institucionalidad ambiental que transforme su función reguladora y colaboradora a una función creadora de políticas públicas, evitando así que los vacíos administrativos y prácticos que hoy enfrenta, impidan la destrucción de nuestro patrimonio ambiental a manos de actividades extractivistas.

Ejemplos como el derrame de relaves de la minera Collahuasi, en Tarapacá; del impacto ambiental de la  minera Escondida en Antofagasta, o el yacimiento a rajo abierto Caserones de la minera Lumina Copper Chile en Atacama, todos relacionados a procesos sancionatorios de  la Superintendencia del Medio Ambiente, tratan de vulneraciones tales como el derecho a vivir en un medio ambiente saludable, destrucción del patrimonio ambiental o la autodeterminación de sus pueblos.

En la región de Valparaíso, proyectos de minería a rajo abierto no solo provocarán un profundo daño a los ecosistemas, sino también un desarraigo de los reales propietarios, quienes a través de organizaciones comunales y vecinales, como por ejemplo del sector cercano al cerro Pulmahue y junto al concejo municipal de La Ligua, defienden su patrimonio natural y cultural que sienten propio.

Dentro de este patrimonio del cerro Pulmahue,se destaca un invaluable bosque relicto costero de Olivillo presente en el sector de Quebrada Las Tablas, ya afectado por la prolongada sequía, y que presenta una conformación de tipo mosaico con partes antiguas formadas por árboles maduros y renovales, acompañado por bellotos y petras, entre otras especies.

A este bosque relicto, se suma un conjunto de asociaciones vegetales relictuales presentes en varios sectores de la comuna de La Ligua que son de vital importancia para la regeneración natural de los ecosistemas. Aquí radica una de las razones vitales para su conservación, no solo en el interés de la ciencia para comprender cómo han evolucionados nuestros bosques, sino también a que son una pieza fundamental para mantener las condiciones hídricas de las cuencas de las que forman parte, debido a su función de capturar agua a través de la vaguada costera. Sin embargo, estos bosques enfrentan actualmente procesos de desertificación ya acelerados por agentes antrópicos que generan cambios en la cobertura vegetal, en la continuidad de las comunidades vegetales, en la retención del agua a nivel del suelo y en la mantención de una atmósfera húmeda.

Aún así, los bosques relictos de olivillo se destacan por una alta presencia de especies nativas y endémicas, donde se cuentan diez especies en distintos estados de conservación, según lo determinó el último proceso que aprueba y oficializa la clasificación de especies en estado de conservación.

Como parte del proceso de mejoramiento sostenido y equitativo en la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, muchas de las voces disidentes al proyecto minero Pullalli proponen en cambio que en los terrenos –que reclaman por propios– se realicen proyectos relacionados a educación ambiental y turismo sustentable, por citar algunos.

Lo anterior no solo iría en la dirección de garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino también, en relación al contexto del artículo 8° de la carta fundamental, sobre el deber del Estado de velar por que este derecho no sea afectado y el de tutelar la preservación de la naturaleza, con mirada a largo plazo y con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible.

Aun cuando en términos generales se mantenga la lógica del juego del poder, la regulación ambiental debe comenzar por demostrar su eficacia en la distribución de las cargas ambientales en los territorios y las consecuencias que ello trae para la población. Se trata de prevenir, lo que a futuro está comprobado que podría ser más costoso en términos económicos, sociales, patrimoniales y ambientales.

Por tanto, Estado, ciudadanía y ciencia, de modo transparente y colaborativo, deben acercar posturas, toda vez que territorio e identidad crean una entidad en sí misma, donde la componente ambiental está relacionada de forma indisoluble con la componente cultural y la calidad de vida.

Este podría ser uno de los grandes temas a tratar en la redacción de la nueva Constitución, donde tenemos una gran oportunidad de acercar dichos puntos.

Salvador Donghi Rojas

Febrero 2021.

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